¿Es el Comando Vermelho terrorista? Entresijos de la presión de EE.UU. para clasificar al CV y al PCC como organizaciones terroristas

Quien sigue la política de seguridad pública sabe que el debate sobre etiquetar a las facciones como terroristas no es nuevo, pero ha cobrado una urgencia silenciosa en los pasillos de Brasilia en las últimas 48 horas. Fuentes que siguen las negociaciones bilaterales me han confirmado: la presión procedente de Washington para incluir al Comando Vermelho y al PCC en la lista de organizaciones terroristas extranjeras nunca había sido tan concreta. Y ahora el gobierno brasileño tiene que bailar al son que le tocan, intentando no pisarle los pies al Tío Sam ni perder la compostura de soberano.

El fantasma del "Escudo de las Américas" y la reacción de Itamaraty

La historia viene de lejos. Tiempo atrás, cuando el entonces presidente Trump coqueteó con la idea de extender la dura ley antiterrorista estadounidense a nuestras facciones, Itamaraty emitió notas cautelosas. Pero lo que era un humo disperso se ha convertido en una hoguera en los últimos meses, especialmente después de que el Departamento de Estado comenzara a analizar en detalle el modus operandi del CV en las fronteras y la Amazonía. El argumento de los americanos es sencillo: las organizaciones que controlan territorios con violencia extrema, practican el narcoterrorismo y desestabilizan regiones enteras no son meras bandas de crimen común. Apuntan a un concepto más amplio de terrorismo, que va mucho más allá de los secuestros de aviones como el trágico Vuelo 181 de Lufthansa en 1977 — ese caso clásico que todos estudian en las academias de seguridad, pero que hoy parece casi romántico comparado con la sofisticación letal del crimen organizado.

El problema es que, para Brasil, aceptar el sello de "terrorista" para el Comando Vermelho es tragarse un sapo bien amargo. Entre bastidores, he oído de una fuente de la alta esfera del gobierno que la preocupación no es solo semántica. Es práctica: si EE.UU. activa el aparato antiterrorista, pueden congelar activos, bloquear transacciones y, principalmente, emitir alertas rojas que paralizan cualquier negociación internacional con sospechosos. Y ahí es donde la cosa se complica. ¿Se imagina a la Policía Federal intentando hacer una cooperación técnica con el FBI mientras, al mismo tiempo, los americanos tratan al CV como un grupo equiparable a Al Qaeda? Ese decreto podría crear un roce diplomático de mil demonios.

Cuando el crimen se convierte en una "actuación de mando"

Quien sigue las operaciones del CV en Río o en la Amazonía sabe que el nivel de planificación y audacia impresiona. Las invasiones de comunidades, los ataques a vehículos policiales y la logística para transportar drogas a Europa no son acciones de aficionados. Al contrario, son auténticas actuaciones de mando — ejercicios de comando, como se dice en la jerga militar — donde cada movimiento está estudiado para causar el máximo impacto. No es casualidad que analistas de seguridad en EE.UU. comparen algunas tácticas del CV con las usadas por grupos considerados terroristas en Colombia y México. Señalan, por ejemplo, el uso de explosivos contra las fuerzas de seguridad y la intimidación sistemática de poblaciones enteras, características que difuminan la línea entre crimen organizado y terrorismo.

La semana pasada, un informe de inteligencia compartido entre las policías brasileñas y agencias de inteligencia americanas dejó claro que el CV ya no se conforma con dominar bocas de humo (puntos de venta de droga). La facción tiene brazos internacionales, negocia directamente con productores en Bolivia y Perú, y mantiene células incluso en países europeos. Este alcance global es lo que más asusta a los americanos. Para ellos, la amenaza ha dejado de ser local y se ha transformado en un vector de desestabilización continental.

Los efectos prácticos de un decreto en Washington

Si el Departamento de Estado oficializa la clasificación, ¿qué cambia sobre el terreno en la favela y en los tribunales brasileños? La verdad es que, a corto plazo, pocas cosas. El CV seguirá mandando en las comunidades donde ya manda, y el PCC aún dictará las reglas en el sistema penitenciario. Pero, a medio plazo, los efectos pueden ser profundos:

• Congelamiento de activos internacionales: Cualquier cuenta bancaria o inversión vinculada a líderes de las facciones en suelo americano podría ser confiscada.
• Extradición facilitada: El mecanismo antiterrorista permite a EE.UU. solicitar la entrega de sospechosos con menos burocracia, incluso presionando a países vecinos.
• Presión sobre bancos brasileños: Las instituciones financieras que muevan dinero sospechoso podrían sufrir severas sanciones de EE.UU., forzando una caza de las donaciones y la financiación de las facciones.
• Estigma diplomático: Brasil podría ser visto como un país que no controla su territorio, abriendo margen para intervenciones disfrazadas de "cooperación".

Por otro lado, hay quien ve una oportunidad. Comisarios de policía con los que he hablado entre bastidores en el Congreso creen que la etiqueta podría desbloquear recursos y tecnología americanos que hoy están fuera de nuestro alcance. "Si quieren ayudarnos a combatir terroristas, que paguen la factura", resumió uno de ellos, en un desahogo que mezcla ironía y pragmatismo.