Servicio Federal de Pensiones exige devolución de cientos de miles de euros a víctimas de atentados en Bruselas: "Están desesperados"

Han pasado diez años desde que las bombas estallaron en Zaventem y Maalbeek, pero para muchas víctimas la pesadilla aún no termina. Hoy recibieron un nuevo golpe: el Servicio Federal de Pensiones (la antigua Rijksdienst voor Pensioenen) exige que devuelvan cientos de miles de euros. Como si las cicatrices y el trauma no fueran suficientes, ahora también tienen que temer por su futuro financiero. He hablado con varios afectados en las últimas horas, y la desesperación es palpable.

Una carta que arruina vidas

Todo comenzó con una carta oficial en el buzón. Personas como Mohamed, que en el atentado del aeropuerto recibió metralla por todo su cuerpo, creían que lo peor había quedado atrás. Durante años recibieron una llamada pensión compensatoria del Servicio Federal de Pensiones, destinada a compensar su pérdida de ingresos y sus lesiones permanentes. Pero ahora, de la nada, la entidad pública cierra la llave. No solo detienen el pago, sino que además deben devolver todo el dinero que recibieron en los últimos años. Solo para Mohamed, la cifra supera los 200,000 euros. "Ya no tengo ese dinero", dice con la voz entrecortada. "Lo usé para pagar mi casa adaptada, terapias, gastos médicos. ¿Ahora tengo que vender mi casa?"

¿Cómo puede estar pasando esto?

Según el Servicio Federal de Pensiones, se trata de una "corrección administrativa". Resulta que las pensiones compensatorias se siguieron pagando mientras las víctimas recibían también otras indemnizaciones, por ejemplo, del Instituto Nacional de Seguro de Enfermedad e Invalidez o a través de acuerdos judiciales. La entidad sostiene que hubo un doble pago y que están legalmente obligados a reclamar la devolución. Legalmente quizás tengan razón, pero moralmente esto no tiene sentido. No son defraudadores, son personas que han vivido el infierno en la tierra.

Víctimas en estado de shock

El pánico se desató de inmediato en los grupos de víctimas. Muchos viven ya al borde financiero, con problemas médicos y psicológicos. Y ahora esto. Un vistazo a las reacciones que escuché:

• Una madre que perdió a su hija en el metro de Maalbeek: debe devolver 150,000 euros, dinero que jamás podrá reunir.
• Un hombre que perdió ambas piernas: utilizó su pensión para costear prótesis, y ahora enfrenta una deuda gigantesca.
• Una joven con daño cerebral severo: su tutor teme que termine en la asistencia social, porque los cuidados que necesita son inalcanzables sin esa pensión.

Se sienten abandonados por el gobierno que una vez les prometió que serían bien cuidados. "Somos víctimas del terrorismo, y ahora volvemos a ser víctimas, esta vez de nuestro propio Estado", suspiró alguien.

¿Y ahora qué?

Varios políticos ya han pedido detener los cobros de inmediato. En el parlamento están cuestionando al ministro de Pensiones. Pero el Servicio Federal de Pensiones, por ahora, mantiene su postura: la ley es la ley. Sin embargo, empieza a calar la idea de que esta es una situación inhumana. ¿Cómo se les puede pedir a personas que sobrevivieron al infierno que paguen cientos de miles de euros? Muchos simplemente no tienen esa cantidad, y una venta forzada de su casa significaría una nueva catástrofe. En las próximas semanas se verá si los políticos intervienen. Una cosa es segura: estas personas merecen compasión, no a un cobrador.