El Servicio Federal de Pensiones reclama cientos de miles de euros a las víctimas de los atentados de Bruselas: "Están aterrorizados"

Ha pasado una década desde que las bombas estallaran en Zaventem y Maalbeek, pero para muchas víctimas la pesadilla aún no ha terminado. Hoy han recibido un nuevo golpe: el Servicio Federal de Pensiones (la antigua Administración Nacional de Pensiones) les exige que devuelvan cientos de miles de euros. Como si las cicatrices y el trauma no fueran suficientes, ahora también temen por su futuro económico. He hablado en las últimas horas con varios afectados, y la desesperación es palpable.

Una carta que destroza vidas

Todo comenzó con una carta oficial en el buzón. Personas como Mohamed, a quien las metralla de los atentados en el aeropuerto le atravesaron el cuerpo, pensaban que lo peor ya había pasado. Durante años recibieron la llamada pensión reparadora del Servicio Federal de Pensiones, destinada a compensar su pérdida de ingresos y sus lesiones permanentes. Pero ahora, de la nada, el organismo público cierra el grifo. No solo detiene el pago, sino que además les exige devolver todo el dinero recibido en los últimos años. Solo en el caso de Mohamed, la cifra asciende a más de 200.000 euros. "Hace tiempo que no tengo ese dinero", dice con la voz quebrada. "Lo usé para pagar la adaptación de mi vivienda, terapias, gastos médicos. ¿Ahora tengo que vender mi casa?"

¿Cómo puede estar pasando esto?

Según el Servicio Federal de Pensiones, se trata de una "corrección administrativa". Al parecer, las pensiones reparadoras se siguieron abonando mientras las víctimas recibían otras compensaciones, por ejemplo del Instituto Nacional del Seguro de Enfermedad e Invalidez o a través de acuerdos judiciales. El organismo sostiene que se ha producido un doble pago y que están legalmente obligados a reclamar su devolución. Jurídicamente puede ser correcto, pero moralmente no tiene ningún sentido. No son defraudadores, son personas que han vivido el infierno en la tierra.

Víctimas en estado de shock

El pánico se apoderó de inmediato de los colectivos de víctimas. Muchos viven ya al borde del abismo financiero, con problemas médicos y psicológicos. Y ahora esto. He aquí una muestra de las reacciones que he escuchado:

• Una madre que perdió a su hija en el metro de Maalbeek: debe devolver 150.000 euros, una cantidad que jamás podrá reunir.
• Un hombre que perdió ambas piernas: utilizó su pensión para costear las prótesis y ahora se enfrenta a una deuda astronómica.
• Una joven con graves daños cerebrales: su tutor teme que acabe en la asistencia social, ya que los cuidados que necesita son inasumibles sin esa pensión.

Se sienten abandonados por el gobierno que una vez les prometió que los cuidarían bien. "Somos víctimas del terrorismo, y ahora volvemos a ser víctimas, esta vez de nuestro propio Estado", suspiró alguien.

¿Y ahora qué?

Varios políticos ya han pedido la suspensión inmediata de los cobros. En el parlamento se están formulando preguntas a la ministra de Pensiones. Pero el Servicio Federal de Pensiones, por ahora, se mantiene firme: la ley es la ley. Sin embargo, empieza a calar la idea de que esta situación es inhumana. ¿Cómo se puede pedir a personas que han sobrevivido al infierno que paguen cientos de miles de euros? Muchos sencillamente no tienen esa cantidad, y una venta forzosa de sus hogares supondría una nueva catástrofe. En las próximas semanas se verá si la clase política interviene. Una cosa es segura: estas personas merecen compasión, no un alguacil.