David Amiel, el gobierno y la rebelión de los policías municipales de Saint-Denis: un polvorín político

Ya no es una simple disputa local, se ha convertido en un auténtico casus belli político. En los últimos días, la ciudad de Saint-Denis se ha visto en el ojo de un huracán que trasciende con creces sus fronteras, y todos, desde el Ministerio del Interior hasta los pasillos de la Asamblea, tienen la mirada puesta en la jugada de fuerza que está orquestando el alcalde de Francia Insumisa (LFI), Bally Bagayoko. Y en este escenario de final de ciclo, una voz se ha alzado, la de David Amiel, para poner los puntos sobre las íes. Una intervención que, en el reducido círculo de los analistas, se percibió de inmediato como un punto de inflexión.

Un plan de desarme que prende la mecha

Para entenderlo, hay que remontarse a la decisión que lo desencadenó todo. El nuevo ayuntamiento de LFI, impulsado por una visión radical de la seguridad, anunció su intención de desarmar a la policía municipal. Sin medias tintas: se trata de retirar las armas letales para sustituirlas… por bastones y prevención. El argumento, sobre el papel, es ideológico: reducir la tensión, pacificar las relaciones. Pero sobre el terreno, el efecto ha sido el de un mazazo. En cuestión de días, no se han escuchado una o dos voces discordantes, sino 90 solicitudes de baja inmediata. Noventa funcionarios que consideran que no se les pide que hagan trabajo social, sino que protejan a sus conciudadanos.

Lo hemos visto en otras ciudades, pero una sangría así en tan poco tiempo es algo inédito. Es una verdadera desconfianza institucional la que se está instalando. Los agentes no renuncian solo porque les guste su arma; renuncian porque consideran que el ayuntamiento los está poniendo en peligro. Y en este contexto, los sindicatos no tardaron en llamar a la huida. Se lanzó un llamado a "huir de los municipios gobernados por LFI", y la señal resonó mucho más allá de Saint-Denis. Las ciudades vecinas, e incluso algunos ayuntamientos de derecha, se han posicionado como tierras de acogida para estos policías en busca de estabilidad.

David Amiel: el toque de atención del Ejecutivo

Ahí es donde interviene David Amiel. Lo conocemos como un hombre cercano al poder, una mente brillante que suele encargarse de los expedientes más delicados, donde hay que actuar con mano izquierda. Pero esta vez, su intervención ha tenido el efecto de una cerilla en un polvorín. En pocas frases, llevó el asunto al terreno legal, no solo al ideológico. El argumento es sencillo, pero contundente: apartar a un agente por motivos políticos es estrictamente ilegal.

No hablamos aquí de un simple desacuerdo sobre la estrategia de patrullaje. Lo que señala el entorno del gobierno es un método que roza la depuración. Al imponer un desarme percibido como una humillación por la mayoría de la fuerza pública municipal, el ayuntamiento crea una situación de hecho en la que los policías "no tienen más remedio" que irse. Es una maniobra clásica en una lucha de poder, salvo que aquí la palanca utilizada es peligrosa. Y David Amiel tuvo el mérito de recordarlo abiertamente, advirtiendo contra lo que considera una desviación de la función pública territorial.

Las reacciones no se hicieron esperar. En los bares de la calle de la República, como en las comisarías, solo se habla de esto. Por un lado, se defiende el derecho del alcalde a aplicar su programa. Por el otro, se considera que el gobierno tiene razón al recordar que la seguridad no es una variable de ajuste ideológico.

Se mueven las líneas, la izquierda se fractura

Lo fascinante de este culebrón es el efecto dominó en el panorama político nacional. Mientras David Amiel sale a la palestra con esta firmeza, asistimos a un verdadero éxodo de las fuerzas del orden municipales. La derecha, al acecho, ofrece acogidas "fraternales" a los agentes que quieran huir de lo que ella llama "la inseguridad institucional". Pero lo más interesante es el silencio, o más bien los murmullos, dentro de la izquierda.

Porque todo el mundo sabe que en Saint-Denis se está jugando una partida que podría sentar un precedente. Si el desarme y las presiones implícitas funcionan, ¿qué impedirá que otros municipios hagan lo mismo? El gobierno, a través de sus asesores como David Amiel, ha decidido marcar una línea roja. Por ahora, estamos en el terreno de la advertencia política. Pero entre bastidores, les aseguro que los juristas del Palacio de Matignon están trabajando a toda velocidad. El tema es demasiado delicado para quedarse en una simple guerra de comunicados.

La lista de consecuencias inmediatas de esta crisis es larga, y no ha terminado de darnos que hablar:

• Déficit operativo: Con 90 bajas, la policía municipal de Saint-Denis está agotada. Las patrullas se reducen al mínimo indispensable.
• Precedente jurídico: Si se valida este método, será un duro golpe para la función pública territorial.
• Rearme ideológico: La derecha utiliza este caso para insistir en su discurso sobre la "preferencia nacional" en materia de seguridad.
• Unidad de la izquierda: LFI queda aislada, mientras que los concejales socialistas y ecologistas prefieren mantener las distancias con este pulso.

Queda por ver hasta dónde llegará la escalada. Por ahora, Bally Bagayoko se mantiene firme en sus posiciones, jugando la carta de la legitimidad electoral. Pero el órdago de David Amiel al menos ha tenido el mérito de devolver el debate a donde debe estar: en el terreno del derecho. No en el de los símbolos, no en el de las posturas. El derecho, seco e implacable. Y en este asunto, quizás sea lo único que pueda calmar los ánimos antes de que la situación realmente se descontrole. Mientras tanto, los próximos días se anuncian decisivos. Los sindicatos ya están convocando una movilización nacional de las policías municipales. Si eso ocurre, sabremos que la advertencia de David Amiel fue solo el primer acto de un conflicto mucho más profundo.