David Amiel, el Gobierno y la rebelión de la policía municipal de Saint-Denis: un polvorín político

Esto ya no es una simple disputa de campanario, se ha convertido en un auténtico casus belli político. Desde hace unos días, la ciudad de Saint-Denis es el centro de una tormenta que trasciende con creces sus fronteras, y todos, desde el Ministerio del Interior hasta los pasillos de la Asamblea Nacional, tienen la mirada puesta en la demostración de fuerza que está llevando a cabo el alcalde de La Francia Insumisa, Bally Bagayoko. Y en este escenario de final de ciclo, una voz ha alzado el tono, la de David Amiel, para dejar las cosas claras. Una intervención que, en el pequeño círculo de analistas, se percibió de inmediato como un punto de inflexión.

Un plan de desarme que prende la mecha

Para entenderlo, hay que remontarse a la decisión que desencadenó todo. El nuevo ayuntamiento de LFI, movido por una visión radical de la seguridad, ha anunciado su intención de desarmar a la policía municipal. Sin término medio: se trata de retirar las armas letales para sustituirlas… por bastones y prevención. El argumento, sobre el papel, es ideológico: reducir la tensión, pacificar las relaciones. Pero sobre el terreno, el efecto ha sido el de un mazazo. En cuestión de días, no se han oído una o dos voces disonantes, sino 90 solicitudes de baja inmediata. Noventa funcionarios que consideran que no se les pide que hagan trabajo social, sino que protejan a sus conciudadanos.

Lo hemos visto en otras ciudades, pero una hemorragia así en tan poco tiempo no tiene precedentes. Es una desconfianza institucional que se instala. Los agentes no dimiten solo porque les guste su pistola; dimiten porque consideran que el ayuntamiento los pone en peligro. Y en este contexto, los sindicatos no tardaron en hacer un llamamiento a abandonar el barco. Se lanzó un llamamiento a "huir de los municipios de LFI", y la señal se escuchó mucho más allá de Saint-Denis. Las ciudades vecinas, e incluso algunos ayuntamientos de derecha, se han ofrecido como tierra de acogida para estos policías que buscan estabilidad.

David Amiel: el toque de atención del Ejecutivo

Aquí es donde entra en escena David Amiel. Le conocemos por ser un hombre cercano al poder, una mente brillante a menudo encargada de los expedientes más delicados donde hay que poner aceite en los engranajes. Pero esta vez, su intervención ha tenido el efecto de una cerilla en un polvorín. En pocas frases, ha situado el asunto en el terreno legal, y no solo en el ideológico. El argumento es sencillo, pero contundente: apartar a un agente por motivos políticos es estrictamente ilegal.

No hablamos aquí de un simple desacuerdo sobre la estrategia de patrullaje. Lo que el entorno del Gobierno señala es un método que roza la purga. Al imponer un desarme percibido como una humillación por la mayoría de la fuerza pública municipal, el ayuntamiento crea una situación de hecho en la que los policías no tienen "más remedio" que irse. Es un clásico en las relaciones de fuerza, salvo que aquí la palanca utilizada es peligrosa. Y David Amiel ha tenido el mérito de recordarlo a plena luz, advirtiendo contra lo que considera una desviación de la función pública territorial.

Las reacciones no se han hecho esperar. En los bares de la rue de la République, como en las comisarías, solo se habla de esto. Por un lado, se defiende el derecho del alcalde a aplicar su programa. Por otro, se considera que el Gobierno tiene razón al recordar que la seguridad no es una variable de ajuste ideológico.

Las líneas se mueven, la izquierda se fractura

Lo fascinante de este culebrón es el efecto dominó en el panorama político nacional. Mientras David Amiel sale a la palestra con esta firmeza, asistimos a un verdadero éxodo de las fuerzas del orden municipales. La derecha, al acecho, ofrece acogidas "fraternales" a los agentes que quieran huir de lo que ella llama "la inseguridad institucional". Pero lo más interesante es el silencio, o más bien los murmullos, en el seno de la izquierda.

Porque todo el mundo sabe que en Saint-Denis se está jugando una partida que podría servir de modelo. Si el desarme y las presiones implícitas funcionan, ¿qué impedirá que otros municipios hagan lo mismo? El Gobierno, a través de sus asesores como David Amiel, ha decidido marcar una línea roja. Por ahora, estamos en el terreno de la advertencia política. Pero entre bastidores, les aseguro que los juristas de Matignon trabajan a toda velocidad. El asunto es demasiado delicado para quedarse en una simple guerra de comunicados.

La lista de consecuencias inmediatas de esta crisis es larga, y no ha terminado de darnos que hablar:

• Déficit operativo: Con 90 bajas, la policía municipal de Saint-Denis está exangüe. Las patrullas se reducen al mínimo imprescindible.
• Precedente jurídico: Si el método se valida, será un duro golpe para la función pública territorial.
• Rearme ideológico: La derecha utiliza este caso para insistir en su discurso sobre la "preferencia nacional" en materia de seguridad.
• Unidad de la izquierda: LFI se queda aislada, mientras que los cargos electos socialistas y ecologistas prefieren mantener las distancias con este pulso.

Queda por ver hasta dónde llegará la escalada. Por ahora, Bally Bagayoko se mantiene firme en sus posiciones, jugando la carta de la legitimidad electoral. Pero el órdago de David Amiel ha tenido al menos el mérito de devolver el debate a donde debe estar: al terreno del derecho. No al de los símbolos, no al de las posturas. El derecho, seco e implacable. Y en este asunto, quizá sea lo único que pueda calmar los ánimos antes de que la situación realmente se descontrole. Mientras tanto, los próximos días se presentan decisivos. Los sindicatos ya están llamando a una movilización nacional de las policías municipales. Si eso ocurre, sabremos que la advertencia de David Amiel no fue más que el primer acto de un conflicto mucho más profundo.